Una duda frecuente entre futuros jubilados en España.
La realidad social en España está marcada por una dificultad creciente para que los adultos jóvenes y adultos puedan emanciparse. El aumento de los precios de la vivienda, las condiciones laborales precarias y la falta de ingresos estables han convertido en habitual que personas con más de 30 años sigan viviendo con sus padres.
En este contexto, una reforma normativa prevista para 2026 modifica de forma significativa las reglas del Ingreso Mínimo Vital (IMV), una prestación social destinada a garantizar un nivel mínimo de ingresos para quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad económica.
Hasta ahora, uno de los criterios que más excluía a solicitantes potenciales era el hecho de convivir con la familia en el mismo domicilio, lo que automáticamente les consideraba parte de la unidad familiar y les impedía acceder a ayudas de forma individual. La nueva regulación plantea un cambio en esa lógica, trasladando el foco desde la simple convivencia hacia la situación económica real del solicitante, siempre dentro de los requisitos generales del IMV.
La reforma del Ingreso Mínimo Vital para mayores de 30 años
La modificación del IMV que entrará en vigor a lo largo de 2026 elimina la barrera que hasta ahora impedía a muchas personas mayores de 30 años solicitar la ayuda económica solo por compartir domicilio con sus padres.
Con el nuevo enfoque, dejará de considerarse la convivencia física como elemento determinante para negar el acceso a la prestación. En su lugar, se priorizará evaluar si la persona no forma parte de la misma unidad económica familiar y carece de recursos suficientes para cubrir sus necesidades básicas.
Esto significa que, aunque un adulto mayor de 30 años continúe residiendo en el domicilio familiar, podrá presentar una solicitud individual del IMV siempre que acredite independencia económica respecto a sus progenitores, es decir, que no dependa de ellos para su sustento.
La cuantía prevista de esta ayuda para beneficiarios individuales se sitúa alrededor de 733 € mensuales tras la revalorización prevista para 2026, aunque la cifra final dependerá de los ingresos y la situación económica específica de cada solicitante.
Es importante recordar que la ayuda no será automática por el simple hecho de vivir en el hogar familiar: seguirá siendo necesario cumplir con los requisitos habituales del IMV, entre ellos los límites de renta y patrimonio establecidos, y la evaluación individual de cada caso.
Este ajuste normativo responde a la creciente problemática del retraso en la emancipación y busca ofrecer un respaldo a quienes, pese a estar en edad adulta, no cuentan con los recursos suficientes para alcanzar la independencia económica plena.
La evolución de esta normativa y su implementación práctica serán de especial interés para miles de personas que viven con sus padres y buscan estabilidad económica sin renunciar a su derecho a recibir apoyo social.
