Ojo legal para propietarios en comunidad de vecinos. Conoce tus derechos y límites según la Ley de Propiedad Horizontal si un vecino hace obras sin permiso.
La convivencia en comunidades de propietarios en España no siempre es sencilla. Más allá de las relaciones personales entre vecinos, existe un marco legal que regula los derechos y obligaciones de quienes viven en edificios bajo el régimen de propiedad horizontal. Entre los aspectos más relevantes está el artículo 7 de la Ley de Propiedad Horizontal (LPH), que establece cuándo un propietario puede hacer obras en su vivienda y cuáles son los límites necesarios para no afectar al resto de la comunidad.
Muchos propietarios consideran que tener un piso en propiedad les da libertad total para reformar su espacio. No obstante, esta libertad tiene límites claros cuando las acciones pueden perjudicar la seguridad, la estética o los elementos comunes del edificio. Entender estas restricciones es clave para evitar conflictos con vecinos e incluso acciones legales.
Qué establece el artículo 7 de la Ley de Propiedad Horizontal
El artículo 7 de la LPH regula las obras y actividades que los propietarios pueden realizar en sus viviendas o locales y fija criterios claros para garantizar la convivencia y proteger el edificio.
En términos generales, el propietario puede modificar elementos arquitectónicos o instalaciones internas, siempre que dichas obras no menoscaben la seguridad del edificio, su estructura, ni su configuración exterior, y no perjudiquen los derechos de otros propietarios. Para poder realizarlas, es necesario informar al presidente o al administrador de la comunidad con antelación.
Por el contrario, las obras que afecten a elementos comunes o a la fachada —como cerramientos de terrazas, instalación de aires acondicionados visibles desde el exterior o cambios que alteren la estética del inmueble— requieren autorización expresa de la comunidad. En ausencia de ese permiso, tales intervenciones pueden considerarse ilegales y sujetas a acciones de cesación impuestas por la comunidad.
La normativa también prohíbe aquellas actividades que sean contrarias a la ley, a los estatutos de la comunidad o que puedan causar daños considerables, molestias graves, o riesgos para el resto de los propietarios. El presidente de la comunidad puede exigir al infractor el cese inmediato de la actividad e iniciar acciones judiciales si persiste en su conducta.
Entre los ejemplos más comunes de obras permitidas sin autorización previa, siempre que se informe debidamente, están renovaciones interiores como cambios de suelos, alicatados en cocina o baño y redistribución de tabiques que no sean muros de carga. En cambio, modificaciones visibles desde el exterior o que modifiquen elementos estructurales suelen necesitar acuerdos formales en junta.
Este marco legal plantea un equilibrio entre el derecho individual del propietario a mejorar su vivienda y la necesidad de preservar la seguridad, estética y estabilidad del conjunto del edificio. La comunicación temprana con la comunidad y el respeto de los procedimientos legales ayudan a prevenir controversias y aseguran que las reformas se realicen dentro de los parámetros establecidos en la LPH.
Comprender el alcance del artículo 7 y aplicar sus disposiciones con prudencia puede marcar la diferencia entre una reforma sin contratiempos y un conflicto comunitario que derive en reclamaciones judiciales o sanciones.
