Cambios legales que pueden costar muy caro. Una nueva norma obliga a modificar prácticas habituales en muchas empresas.
A partir de 2026, el marco laboral en España incorporará una modificación relevante que afectará directamente a la gestión interna de muchas empresas. La nueva normativa, que adapta una directiva europea, introduce obligaciones específicas de transparencia cuyo incumplimiento puede derivar en sanciones económicas muy elevadas.
Durante años, ciertas prácticas vinculadas a la información retributiva han sido habituales en procesos de selección y organización interna. Sin embargo, el nuevo escenario legal exige mayor claridad y establece responsabilidades concretas para las compañías, con el objetivo de reforzar la igualdad y garantizar un entorno más equitativo en el ámbito laboral.
Qué establece la nueva ley de transparencia retributiva en España
La normativa obligará a las empresas a informar previamente de las bandas retributivas en las ofertas de empleo, incluso antes de que se celebre una entrevista. Asimismo, quedará prohibido solicitar a los candidatos datos sobre su historial salarial anterior, una práctica que hasta ahora era frecuente en algunos procesos de selección.
Además, los trabajadores podrán ejercer el derecho a solicitar información sobre los niveles retributivos medios de quienes desempeñen el mismo puesto o uno equivalente dentro de la organización. Esta información deberá facilitarse respetando la protección de datos personales, pero garantizando la suficiente claridad para detectar posibles desigualdades.
La aplicación de la norma será progresiva en determinados aspectos, especialmente en lo relativo a informes periódicos sobre brechas retributivas, que comenzarán por las empresas de mayor tamaño. No obstante, las obligaciones básicas relacionadas con la transparencia en la contratación serán exigibles desde junio de 2026.
Uno de los puntos que más atención ha generado es el régimen sancionador. El incumplimiento puede acarrear multas de hasta 225.018 € en los casos considerados más graves según la legislación española vigente. Estas sanciones buscan reforzar el cumplimiento efectivo de la norma y evitar conductas opacas en materia retributiva.
Otro aspecto relevante es que, en caso de reclamaciones por discriminación, la carga de la prueba recaerá en la empresa. Es decir, será la organización quien deba demostrar que las diferencias retributivas responden a criterios objetivos y no discriminatorios.
Más allá del impacto económico de las posibles multas, la nueva ley también tiene implicaciones reputacionales. La transparencia se ha convertido en un valor cada vez más apreciado por trabajadores y candidatos, y las compañías que no se adapten podrían enfrentar no solo sanciones, sino también dificultades para atraer talento.
El nuevo marco normativo marca así un cambio en la cultura empresarial, orientado a una mayor claridad en las condiciones laborales y a la prevención de desigualdades. Con la entrada en vigor de estas medidas, muchas organizaciones deberán revisar sus políticas internas para alinearse con las exigencias legales y evitar riesgos innecesarios en un entorno cada vez más regulado.
