Sociedades Offshore y Paraísos Fiscales. El caso de Panamá.

Después de haber analizado sobre los rasgos que caracterizan a las Sociedades Offshore y a los Paraísos Fiscales, disponemos de información para profundizar sobre los denominados “Papeles de Panamá”

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Primero de todo, debemos manifestar que Panamá ya no tiene la consideración de Paraíso Fiscal desde el año 2010, en cuyo año suscribió el Convenio para evitar la Doble Imposición Internacional. No obstante, en el redactado del propio Convenio se refleja que las rentas que las Sociedades que se encuentren domiciliadas en territorio panameño y que sean obtenidas en terceros países se encuentran exentas de tributación allí en su totalidad. Además de esta cuestión, a diferencia de con otros países, el intercambio de información entre las Administraciones Tributarias de Panamá y España no se produce de forma automática, sino que es la propia Administración española la que debe pedir la información que busca, debiendo especificar cuál es.  

Llegados a este punto, vamos a analizar cuáles son las medidas legales que existen, tanto para prevenir el Blanqueo de Capitales y la Comisión de otros Delitos contra la Hacienda Pública como a nivel judicial.  

Doctrina Jurisprudencial de Levantamiento del Velo.  

Respecto al uso de las denominadas Sociedades Interpuestas, sobre las cuales profundizaremos en otra entrada posterior, hay que tener presente que existe Jurisprudencia al respecto y, en concreto, una Doctrina denominada Levantamiento del Velo. En síntesis, se aplica esta Doctrina en los supuestos en los que se produce la interposición de una Sociedad en beneficio de terceras Personas Físicas u otras Personas Jurídicas.  

Debemos destacar que Sociedades Interpuestas existen en todos los territorios del mundo pero, en este caso concreto, las Sociedades Offshore se domicilian en Paraísos Fiscales o, en su defecto, en países que carecen de Intercambio de Información tributaria de forma automática o que no hacen pública la identidad de los Socios.  

En cuanto a las Medidas de prevención que hacen referencia al Blanqueo de Capitales y demás delitos contra la Hacienda Pública destacan las especiales obligaciones de información que recaen sobre los Operadores Jurídicos, especialmente, por ejemplo, sobre los Notarios, así como sobre las propias Compañías que operan en los Paraísos Fiscales.  

A continuación vamos a hablar sobre uno de los mecanismos a través de los cuales la Agencia Tributaria española ha pretendido tener un mayor control sobre los bienes y derechos situados en el extranjero que tuvieran relación o fueran propiedad de Contribuyentes con residencia fiscal en territorio español. Nos referimos al Modelo 720.  

Como hemos dicho, el interés de Hacienda es precisamente que afloren las posibles ganancias patrimoniales que no se hayan justificado o aquellos bienes que no se hayan declarado en el extranjero, independientemente de si se trata de la titularidad de cuentas bancarias, de un inmueble, etc., con el objetivo de perseguir cualquier posible delito  de tipo fiscal. 

No obstante, debemos tener en cuenta que esta normativa referida a la obligación de declarar bienes y derechos situados en el extranjero se encuentra bajo el análisis de la Comisión Europea, puesto que podría considerarse que vulnera los principios de seguridad jurídica y capacidad contributiva, por lo riguroso que es para los Contribuyentes el Régimen Sancionador y la imprescriptibilidad de las rentas que puede que guarde proporción alguna con la finalidad de erradicar el fraude fiscal, siendo también posible que incluso se opusiera al Principio de Libre Circulación de Capitales.  

 

 

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