Las empresas no se atreven a contratar aunque las condiciones sean mejores

Sin una inyección de liquidez las pymes no podrán beneficiarse de la Reforma Laboral

El 99% de las pymes no se atreven a contratar nuevos trabajadores, según se recoge del último informe del Instituto Nacional de Estadística (INE), y es que aunque las medidas de contratación sean ahora más favorables, la falta de liquidez sigue lastrando a las empresas, asegura Francisco Javier Guerrero, jurista laboralista de Guerrero Abogados.

Sin una inyección de liquidez las pymes no podrán beneficiarse de la Reforma Laboral Un comercio tradicional en Pamplona. Foto:RLasaosa cc
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Realidad de la Reforma Laboral

Las únicas empresas que se benefician de la Reforma son las “grandes firmas”, al tratarse de compañías que tienen liquidez y, por ello, sí que les resulta interesante contratar nuevos trabajadores.

Las pymes, por el contario, no pueden contratar, “al no saber a ciencia cierta si van a poder acabar el mes con cierta solvencia”, apunta Guerrero. Con las medidas establecidas en la Reforma Laboral o “la reforma del despido”, lo que se está consiguiendo es destruir empleo, no crearlo, añade.

Consiguiendo créditos, préstamos o pólizas de crédito con más dinamismo, las pequeñas y medianas empresas, podrían actualizar sus instalaciones y contratar más trabajadores para “sacar adelante sus compañías”.

Con una póliza de crédito de 60.000 euros, a devolver en un año o renovarla en su caso, las pymes, podrían conseguir con ese capital “salvar a sus empresas, haciéndolas más productivas y tendrían la opción de contratar a más trabajadores”.

Soluciones

La primera acción que debería realizar el Gobierno, antes de “ponerse a realizar reformas laborales”, sería llevar a cabo actuaciones para que el crédito fluyese entre las empresas, presionando a los bancos a nivel microeconómico, para que concedan préstamos reales, que permita a las empresas obtener liquidez.

En estos momentos las pymes “se deshacen de los trabajadores que no pueden asumir y, no contratan a otros nuevos, por la sencilla razón de que no pueden pagarles”. La mayoría de estas pequeñas y medianas empresas están desarrollando sus funciones con un número mínimo de empleados, anuncia Francisco Javier Guerrero, que insiste en que la reforma laboral no está creando empleo, sino “destruyéndolo”.

Por otro lado, los trabajadores están perdiendo derechos que tenían adquiridos, aspecto que se podría permitir, si hubiera posibilidades de que produjera un aumento de la productividad y un descenso del paro, entonces “sí tendría sentido la Reforma Laboral”.

Tarifa Plana de los 100 euros

Las empresas se van a beneficiar de esta medida de empleo, que es buena para ellas, al hacer desaparecer la cuota de la patronal a pagar a la Seguridad Social (23,6%) para pasar a pagar 100 euros por trabajador.

A pesar de la medida anterior, interesante para las empresas, es preciso “leer la letra pequeña de toda reglamentación”. En este caso, el empresario a esos 100€ debe añadir lo que ya cotizaba por empleado y que continúa pagando en la nómina el concepto de contingencias comunes del trabajador (4,7%), las cotizaciones por desempleo, la formación profesional, al Fogasa y la cuota por accidente de trabajo.

Con todo esto y, ante la falta de liquidez que siguen teniendo las pymes, “no pueden pagar a final de mes, producen menos y, es necesario despedir a algunos trabajadores”. Por lo tanto, esta medida no va a fomentar el empleo en la pequeña y mediana empresa.

De igual forma, alega que un contrato antiguo cuesta más a una empresa que una nueva contratación. 

Fondos ICO

Se supone que el dinero contemplado en los fondos del Instituto de Crédito Oficial (ICO), debería tener como destino todos aquellos ciudadanos que acuden a una entidad financiera para acogerse a un préstamo o una póliza de crédito para obtener liquidez y poder salvar sus empresas, pero los conceden a muy pocas compañías y “con cuenta gotas”.  

El banco tiene el poder de decidir a quién dar el dinero o no, con los “mismos requisitos que si una empresa pidiera una hipoteca o un préstamo normal”. El Gobierno debería, insiste el jurista laboralista de Guerrero Abogados, “repartir el dinero de forma directa, reduciendo de este modo el poder de las entidades financieras”.