Recursos Administrativos. Suspensión de los Actos recurridos, Resolución y Plazos.

En entradas anteriores, empezamos a analizar los Recursos Administrativos. Inicialmente, vimos la definición de Recurso Administrativo y distinguimos entre Actos Recurribles y No Recurribles, viendo en los primeros la diferencia entre Actos nulos de pleno derecho y anulables.

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Posteriormente, profundizamos respecto a los Actos que tienen la consideración legal de No Recurribles, así como introdujimos los tipos de Recursos que existen en el Ordenamiento Jurídico Administrativo, además de ver el análisis de la formulación de un Recurso, qué plazos tenemos para hacerlo, a quién se dirigen y en qué lugar se presentan. Pues bien, en esta ocasión vamos a profundizar respecto a la suspensión de los actos recurridos y su resolución.

SUSPENSIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS RECURRIDOS.

Debemos tener en cuenta que la interposición de cualquier tipo de Recurso, excepto en aquellos supuestos en los que sea una disposición legal la que establezca lo contrario, no suspenderá la ejecución del acto objeto de impugnación.

No obstante, el órgano sobre el que recaiga la competencia para resolver el Recurso, deberá previamente ponderar de forma suficientemente razonada entre el perjuicio que causaría al interés público o a terceros la suspensión y el que haya ocasionado al recurrente como consecuencia de la eficacia inmediata del acto recurrido, pudiendo suspender de oficio o bien a instancia del recurrente, la ejecución del acto impugnado, siempre y cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

  • Si la ejecución de la Sentencia recurrida pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación.
  • Si la impugnación se fundamenta en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho.

RESOLUCIÓN.

La resolución del Recurso podrá suponer cuatro escenarios totalmente distintos:

  • La estimación total del mismo.
  • La estimación parcial.
  • La desestimación total del Recurso.
  • La declaración de inadmisión.

En el supuesto de que existiera vicio de forma y no se estime la procedencia de resolver sobre el fondo, se ordenará que se retrotraigan del proceso al momento en el que el vicio fue cometido, excepto si se cumplen los requisitos para la convalidación de actos anulables.

El órgano que resuelva el Recurso deberá decidir cuantas cuestiones plantee el procedimiento, con independencia de que hagan referencia a la forma o al fondo, hayan sido o no alegadas por los interesados. En caso de haberlo sido, se les dará audiencia para que se manifiesten. Ahora bien, la resolución deberá ser congruente con las peticiones formuladas por la parte recurrente, sin que en ningún supuesto pueda agravarse su situación inicial.

PLAZOS.

Los plazos para dictar la resolución varían en función del tipo de Recurso del que se trate:

Recurso de Alzada.

El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de tres meses. Una vez transcurrido este plazo sin que haya recaído resolución, se podrá entender desestimado el recurso, con alguna excepción.

Debemos destacar que contra la resolución de un Recurso de Alzada no cabe ningún otro tipo de Recurso en vía administrativa, excepto el Recurso Extraordinario de Revisión para algunos supuestos. Para el resto, la única posibilidad es pasar a la vía judicial mediante la interposición de Recurso Contencioso-Administrativo.

Recurso de Reposición.

El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del Recurso será de un mes. En caso de que la notificación no se produzca, debemos tomar en consideración que el sentido del silencio administrativo será desestimatorio, con independencia de si se interpone contra actos expresos o contra desestimaciones tácitas.

También debemos ser conscientes que, contra la resolución de un Recurso de Reposición, no podrá interponerse de nuevo el mencionado Recurso.

Recurso Extraordinario de Revisión.

Si se produce el transcurso de tres meses desde la fecha de la interposición sin que se haya dictado ni notificado la resolución, se tendrá por desestimado, quedando como opción el acudir a la vía jurisdiccional en el ámbito contencioso-administrativo.

 

 

 

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