En un informe sobre los efectos en el crecimiento de reformas estructurales en el sur de Europa y más específicamente en Grecia, Italia, España y Portugal, la CE recuerda que esos cuatro países «tienen unos de los impuestos implícitos sobre el consumo más bajos en la eurozona«, lo que deja «un margen considerable para trasladar la carga fiscal del trabajo hacia el consumo».

En el caso de España, el efecto sobre el PIB sería del 1 % en el primer año, del 1,1 % en el segundo, del 1 % en el quinto y del 1,7 % en el décimo, pero a más largo plazo sería del 3,6 %.

El impacto sobre el empleo es algo mayor: del 1 % en el primer año, del 1,4 % en el segundo, del 1,9 % en el quinto y del 2,6 % al cabo de 10 años, en tanto que más allá de ese horizonte la tasa de empleo se incrementaría un 3,7 %.

Otra reforma que tendría un impacto positivo sería reducir el porcentaje de profesionales poco cualificados mediante medidas que mejoren sus capacidades.

En España, esta reforma aportaría un 0,2 % al PIB durante el primer año hasta el quinto y un 0,5 % en el décimo.

A largo plazo tendría el mayor impacto de todas las reformas recomendadas por la CE, un 14,9 % en la actividad económica.

En el empleo tendría un efecto similar (0,2 % en el primer año y el segundo, del 0,1 % en el quinto y del 0,5 % en el décimo), mientras que a largo plazo la tasa aumentaría en un 10,1 %.

La CE también considera que una mayor liberalización del mercado de productos sería beneficiosa en el caso de España.

En su informe explica que las reformas en los mercados de productos «no pueden arrojar beneficios a corto plazo» y que el PIB y la tasa de empleo «pueden de hecho bajar en los primeros años».

No obstante, agrega, «a medio y largo plazo los beneficios macroeconómicos son importantes».

Así, en España el PIB la aportación de tales reformas sería negativa en un 0,3 % el primer año, pero ya el segundo sumaría un 0,3 % y el quinto año un 2,8 %, tras 10 años un 6,1 % y más allá de esa década un 16,4 %

Algo similar ocurriría con la tasa de empleo: ésta vería una reducción del 0,2 % en el primer año tras las reformas, aunque en el segundo aumentaría un 0,2 % neutralizando el efecto negativo y en el quinto año incrementaría un 1,9 %, seguida de una subida del 3,1 % en el año 10 y de un 6,4 % a más largo plazo.

La CE señala, por otro lado, que en el caso de España reducir las barreras administrativas de entrada para empresas intermediarias apenas impulsaría el PIB ni tampoco el empleo.

De igual manera los subsidios públicos a la Investigación y el Desarrollo (I+D) tendrían un impacto casi nulo.

No obstante, sumando todas las reformas, en el primer año España lograría impulsar su actividad económica un 0,9 %, el segundo un 1,6 %, el quinto un 4,1 %, el décimo un 8,7 % y a largo plazo un 36,0 %.

La tasa de empleo, por su parte, aumentaría un 1,0 % a partir del primer año, después un 1,9 %, un 4,0 % y un 6,3 %, y a largo plazo un 19,8 %, según los cálculos de la CE.

La CE afirma además que estas reformas permitirían a España cerrar la brecha entre su PIB per cápita y la media de los tres países de la eurozona más ricos hasta el 99 % desde del 73 %.