En este sentido, el portavoz económico de CiU en el Congreso, Josep Sánchez Llibre, ha criticado la «laguna» que existe en la legislación concursal, que no contempla un procedimiento efectivo para las personas físicas.

En esta línea, CIU pide que las personas físicas o los autónomos puedan solicitar un concurso especial para liquidar deudas de hasta 3 millones de euros, lo que abriría la posibilidad de no tener que responder con la vivienda, pudiendo mantenerla. En el caso de que la propiedad o el derecho de uso de la vivienda habitual del deudor se vea afectado por la insolvencia, esta propuesta prevé un proceso obligatorio de mediación.

El objetivo es que las partes puedan llegar a un acuerdo que permita cumplir con las obligaciones de pago, sin tener que entregar la casa. La intención es que los deudores pueda conservar el domicilio, bien en propiedad o en régimen de uso y disfrute.

Este acuerdo, que sólo se podrá solicitar en una única ocasión, podrá contener quitas de más del 50% de la deuda. Sin embargo, para que este acuerdo se haga efectivo, al menos un 50% de los acreedores deberán de firmarlo, además de ser homologado por el juez

Asimismo, esta nueva normativa tendría carácter retroactivo de un año, de manera que todas aquellas “personas físicas de buena fe” que hubieran caído en la insolvencia doce meses antes de la aprobación de dicha ley, podrían solicitar este concurso especial.

Por otro lado, según datos de CiU, más de medio millón de españoles tuvieron que cerrar sus negocios por deudas, lo que según este grupo político les condena de por vida a permanecer en la economía sumergida.