Nuevas condiciones en la licitación de las eléctricas en Barcelona

El ayuntamiento barcelonés quiere marcar más de cerca a las empresas en su actuación en la ciudad

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El Ayuntamiento de Barcelona ha puesto nuevas condiciones a las compañías eléctricas que quieran firmar el convenio que les obligará a corresponsabilizarse a la pobreza energética, si quieren optar a la contratación pública.



Barcelona quiere una mayor responsabilidad en las compañías



El consistorio barcelonés ha modificado los pliegues de la licitación del acuerdo marco de contratación para el suministro eléctrico, el cual tendrá un valor de más de 65 millones de euros para dos años.



Se establecerá la condición en lo que se refiere al convenio previsto en la Ley 24/2015, donde se divide el contrato en tres lotes para favorecer que más empresas se puedan adjudicar el servicio, ya que solo se podrá acceder a dos de los tres paquetes.

Paralelamente, el Ayuntamiento ya trabaja para que se ponga en marcha la comercializadora de energía eléctrica pública y espera que se pueda tener en marcha a finales de 2018.



El ahorro que se ha calculado es de medio millón de euros por año en cuanto a contratación. Las empresas contratistas van a tener que firmar el convenio que está previsto en la Ley 24/2015, pero igualmente presentar un plan de actuación anual para poder adaptar la potencia y la tarifa que se contrate, facilitando así el acceso al bono social y demás tarifas sociales y descuentos existentes dirigidos a las familias con riesgo de corte eléctrico y situación de exclusión social.





Hay que saber que antes de que se efectúe un corte, las empresas van a tener que solicitar un informe a Servicios Sociales para determinar si la persona está en situación de riesgo de exclusión residencial de la ley. Antes de que se efectúe un corte, las empresas deberán solicitar a los Servicios Sociales Municipales un informa para determinar si la persona o familia está en una situación de riesgo de exclusión residencial de la ley.



Además de esto, van a tener que informar de los derechos relativos a pobreza energética en cualquier aviso en lo referente a impagados, habilitando mecanismo de información sobre tarifas sociales y demás ayudas que hagan frente a la pobreza energética. La licitación establece la división del contrato en tres lotes. Uno de 54 millones de euros que tendrá que hacer cada año cursos de formación sobre derechos energéticos y eficiencia energética para clientes.



Aunque las compañías pueden presentar ofertas a los tres lotes, el número máximo de lotes que se pueden adjudicar a una empresa son dos. Así se amplía el número de empresas que se vayan presentando.



 

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