Se ha dejado atrás la época de aduanas e impuestos que dificultaban que un determinado producto pudiera ser vendido a un determinado mercado o país. Ahora bien, la realidad es que aún existen barreras que dificultan un intercambio libre de verdad. Muchos estados tienen, aún, la tentación de poner dificultades a la entrada de productos de procedencia exterior por el medio que se resienta la propia industria interna. Como no existe la posibilidad de imponer una barrera física, se utilizan diferentes estratagemas que tienen esta finalidad. Una de las más habituales es el dumping.

¿Qué es el dumping?

El dumping surge cuando un producto consigue venderse fuera a un precio inferior al interior gracias a medidas como subvenciones, desgravaciones fiscales o exención de impuestos. El objetivo es conseguir entrar a un nuevo mercado, pero por ello se rompe el principio de libre competencia porque desde instituciones públicas se está dando un apoyo que las otras empresas del país no tienen. Aunque sea de forma indirecta, el hecho de ofrecer subvenciones o pagar menos impuestos permite a la empresa marcar un precio bajo y mantener un mismo margen o hasta superior a la competencia. Se trata, por lo tanto, de una práctica que las instituciones internacionales tienen el deber de perseguir y de impedir que se produzca.

Los dos tipos de dumping más habitual que encontramos, más allá del hecho de gravar la actividad a un coste menor, son los siguientes:

• Dumping social: consiste en poder poner unos precios bajos gracias a la imposición de unas condiciones laborales extremadamente duras consideradas de explotación. En el fondo, se puede considerar que esta práctica, por desgracia, se practica. Especialmente lo hacen grandes empresas multinacionales que tienen sus centros de producción en países donde la legislación laboral es muy laxa y permisiva. Así, pueden colocar salarios más bajos y condiciones laborales más duras que rebajan de forma drástica el coste final del producto.
• Dumping ecológico: es el permiso por llevar a cabo la actividad con unos niveles contaminantes superiores a los considerados adecuados para la salud. En la misma línea que en el caso anterior, hay países donde la legislación en materia medioambiental es mucho más permisiva y, por lo tanto, ponen menos restricciones al uso de determinados elementos contaminantes o al hecho que se emita un mayor número de gases contaminantes en el medio ambiente. A la práctica, supone también una reducción de los costes por parte de la empresa, ya que no debe hacer frente a inversiones para reducir el impacto ambiental de su actividad.

La solución: derechos antidumping

Para impedir que se den situaciones como las anteriormente descritas, existen los llamados derechos antidumping. Su finalidad es la de evitar el desarrollo de una actividad que se considera lesiva al derecho de libre competencia, de forma que asegure la libertad de oportunidades entre todos los actores en el mercado internacional.

Para poder establecer un derecho de este tipo, hay que probar que existe un perjuicio material a la industria del país donde se realiza la importación. Además, solamente tendrá vigor durante el periodo de tiempo que se considere necesario para poder solventar esta situación. Por lo tanto, no se trata de una medida de carácter indefinido, sino que tiene la finalidad de solucionar una situación que se considera injusta para que, después, vuelva a darse la circulación de producto en las condiciones estipuladas y reglamentarias. Además, presenta las siguientes características:

• Forma de valoración: las autoridades evalúan el volumen y el precio de las importaciones y cómo afectan a la industria implicada. Es decir, que si, consecuencia de la entrada de productos del exterior con prácticas de dumping provocan que la industria interior sufra un retroceso, entonces existe justificación para la imposición de las medidas antidumping.
• Se aplica sobre la empresa que ha realizado la infracción: la imposición del derecho es sobre la empresa que ha sido favorecida mediante las prácticas de dumping. Solamente en caso que no se tenga claro qué empresas han recibido el trato a favor, se aplicará sobre todo el país.
• No se puede aplicar de forma retroactiva: el derecho se establece a partir de que se conoce y que entra en vigor. Por lo tanto, no afecta a ninguno de los intercambios que se hayan producido con anterioridad. Este hecho facilita que determinadas empresas prueben de realizar estas prácticas porque, mientras no se descubre la situación, obtienen unos importantes beneficios.
• Puede llevar a investigar otras operaciones: a veces, para eludir el derecho antidumping y seguir con la misma práctica, se intenta desviar la producción a otros países. Para evitar que esto ocurra, se realiza un seguimiento de las operaciones de la empresa o país sobre el cual se ha impuesto el derecho.
• Puede suspenderse de forma temporal: en caso de estudio, estas medidas se pueden suspender durante, como máximo, nueve meses. Durante este periodo de tiempo, habrá un registro de importaciones en el cual se anotarán todas las operaciones que se han efectuado. Además, sirve a las autoridades de las aduanas como espacio para controlar posibles operaciones que pueden verse afectadas por medidas antidumping.
• Vencimiento de cinco años: el plazo máximo durante el cual puede imponerse un derecho antidumping es de cinco años. Una vez transcurrido este periodo, se realiza un estudio para determinar si se renueva o no.

Los derechos compensatorios o antisubvención

Una subvención ocurre cuando el estado facilita, en contra de la libre competencia, el desarrollo de una determinada actividad o empresas, mediante el pago de un importe que le permita colocar un precio más bajo y ser más competitivos. Para productos destinados a la exportación se trata, evidentemente, de una actividad no permitida. Para este caso, igual que en el de dumping, están los derechos compensatorios o antisubvención, que se encargan de alertar y evitar que ocurran situaciones como las descritas.