El derrumbe producido en la licitación de obra pública en España ha supuesto un gran golpe en la capacidad existente de sacar obras adelante por parte de la Comunidad de Madrid y la Generalitat de Cataluña. En este año, la región de la que es presidenta Cristina Cifuentes ha licitado proyectos por un importe de 618 millones de euros, el triple casi de los 219 millones que aprobó Cataluña según la estadística de Seopan.

Es la diferencia más grande desde el año 2010, año donde Cataluña fue el último año que estuvo por encima de Madrid en cuanto a licitación de proyectos. Una vez a partir de ese momento, Madrid ha marcado el paso. El desequilibrio que hay en infraestructuras es consecuencia del resultado directo que tiene la asfixia financiera que sufre la región catalana y de sus dificultades para poder ajustarse al objetivo de déficit que marca el Ministerio de Hacienda.

Cataluña presentaba en 2010 una necesidad de financiación superior de 9.000 millones de euros y que equivale a un 4% de su PIB, esto le obligó a realizar un ajuste bastante más duro que en Madrid. La situación se agrava, además, por una crisis de liquidez ha llevado a tener que solicitar al Gobierno central algunos anticipos para poder pagar los gastos básicos.

La Comunidad Autónoma de Carles Puigdemont es la que ha tenido que sufrir un mayor ajuste en el capítulo de las licitaciones públicas. El gasto de 219 millones de euros supone una reducción del 41% frente al ejercicio anterior. Esto para que lo veamos más claro, supone un recorte de 153 millones de euros en cifras brutas, muy por encima del resto de Comunidades Autónomas.

Existen, además de Cataluña, otras diez autonomías que han presentado en este año un recorte de la partida de licitación en infraestructuras. El conjunto de las regiones ha aprobado obras por un total de 2.085 millones de euros, un 70% menos que entre los meses de enero y septiembre de 2010.

La estadística nos muestra un cambio en la tendencia en las obras que se han realizado en España. La patronal de la construcción destaca el aumento de inversión en instalaciones deportivas y docentes, con una subida porcentual superior al 30% en este año. Esta mejora en infraestructuras sociales se puede ver como se contrapone con la reducción en transporte, la cual cae un 7% que está lastrada por una fuerte caída de la inversión en ferrocarril.