Airbnb se ha convertido en pocos años en una de las empresas más importantes para buscar alojamiento low cost si queremos viajar por el mundo. Sin embargo, esta empresa de economía colaborativa que pone en contacto a propietarios y a turistas que buscan alojamiento, ha generado una gran polémica en los distintos organismos públicos, entre los vecinos de algunas ciudades y sobre todo entre las empresas hoteleras.

Como decíamos, Airbnb simplemente pone en contacto a personas que necesitan un alojamiento y no quieren pagar mucho o prefieren alojarse en un lugar distinto a un hotel y a particulares que necesitan un ingreso y que ponen a disposición habitaciones, pisos o casas. Sin embargo, este es precisamente la principal ventaja de Airbnb como empresa frente a las cadenas hoteleras: no tiene ningún inmueble en propiedad ni el alquiler.

Los ingresos de AIrbnb derivan de una pequeña comisión que cobra a los propietarios al alquilar los inmuebles. Por lo tanto, se trata de un servicio que beneficia a los propietarios que obtienen un ingreso, a los turistas que consiguen alojamientos más baratos y a Airbnb que obtiene una comisión.

Pero todo esto ha suscitado todo tipo de quejas. Los vecinos de las viviendas alquiladas por Airbnb se quejan de ruidos y de molestias por parte de los turistas. Los hoteles se quejan de competencia desleal. Y los Ayuntamientos quieren evitar el fraude.

La patronal de empresas turísticas Excelsur, en la que predominan las grandes cadenas hoteleras, ha encargado un informe sobre las plataformas como Airbnb y Homeaway en las que las acusa de fraude fiscal y competencia desleal. El informe sostiene que casi dos terceras partes de la oferta de alojamiento turístico en viviendas de alquiler por internet se concentra entre Airbng (27%), Homeaway (24%) y Niumba (14%).

En el año 2014 la Generalitat de Catalunya multó a Airbnb con 30.000 euros por una infracción grave por anunciar en sus web apartamentos que no han sido inscritos en el Registro de Turismo de Cataluña y por ofrecer en sus web habitaciones en viviendas particulares, que es algo que prohíbe la normativa en la comunidad.

En la ciudad de Nueva York el uso de Airbnb se ha disparado en los últimos años, aunque en esa ciudad alquilar un apartamento por menos de 30 días es ilegal, excepto que el propietario o inquilino permanezca en la propiedad. Esa norma se estima que no se cumple en cerca de un tercio de los casos de apartamentos alquilados con Airbnb.

Sin embargo, la polémica está servida porque el pasado mes de febrero se publicó el nuevo informe del think tank Civismo y la red europea Epicenter, que sostiene que la economía colaborativa puede mejorar el bienestar de los ciudadanos europeos puesto que puede inyectar a la economía unos 572.000 millones de euros.

Pero todas estas protestas y quejas afectan no sólo a Airbnb sino a las empresas de su competencia y a otras empresas de economía colaborativa como Uber o Blablacar, que han permitido a muchas personas lograr tener unos ingresos en tiempos de crisis para poder sobrevivir.