En una rueda de prensa, el presidente del gremio, Jordi Clos, ha reclamado en particular al ayuntamiento que «externalice las inspecciones» de posibles apartamentos ilegales a algunos colegios profesionales, como los de ingenieros o arquitectos, y ha explicado que el gremio cuenta con un departamento, que funciona desde diciembre de 2012, dedicado a ayudar a las administraciones a detectar apartamentos de este tipo.

Clos ha precisado que actualmente hay 8.863 viviendas de uso turístico legalizadas que, al menos, cuentan con dos habitaciones cada una, frente a las 34.780 habitaciones de hotel de las que se disponen en Barcelona.

Aunque el Gremio de Hoteles no dispone de datos acerca del número de apartamentos ilegales que existen en Barcelona, estima que, entre estos y los regulados, puede haber tantas o más habitaciones que las disponibles en los hoteles.

Por ello, Clos ha asegurado que el Ayuntamiento de Barcelona debería ser «más efectivo» en su control de los apartamentos ilegales y, más allá de la moratoria a la apertura de nuevos apartamentos turísticos en buena parte de la ciudad, el Gremio de Hoteles desearía que estos establecimientos se agruparan en edificios enteros y que estuvieran sujetos al mismo grado de control que un hotel.

A pesar de reclamar más medidas, el Gremio de Hoteles ha celebrado la multa de 30.000 euros impuesta por la Generalitat a la web Airbnb.

Preguntado por si los apartamentos turísticos suponen una amenaza para el negocio tradicional de los hoteleros, ha asegurado que los apartamentos legales «ya no pueden crecer» ahora en Barcelona por la moratoria municipal, y que los ilegales «cada vez tienen más riesgo» a medida que aumenten las inspecciones y las sanciones.

No obstante, ha alertado de que si no se pone freno a los apartamentos ilegales «puede llegar un momento en que esta oferta nueva que ha creado una demanda nueva cree una situación de canibalismo sobre sector reglado del sector».

De hecho, Clos ha opinado que las viviendas turísticas ilegales «son un peligro importante para la ciudad», porque estos alojamientos no cumplen con ningún tipo de normativa y si un turista se aloja allí y tiene algún problema, todo ello puede deteriorar la imagen de la capital catalana.

Además, Clos se ha quejado de que estos apartamentos no contribuyen a la tasa turística y generan «una competencia desleal» a los empresarios de Barcelona.

El Gremio de Hoteles ha detectado hasta ahora más de 700 apartamentos ilegales, y se han abierto expedientes a unos 250 de ellos, pero Clos ha subrayado que esto «no es suficiente, ya que el ayuntamiento no dispone de la capacidad de inspección necesaria».

Clos ha asegurado que los apartamentos turísticos legales crecieron el año pasado en 2.317 en Barcelona y en los cuatro primeros meses del año ya se han sumado a la lista otros 1.829.

El presidente de los hoteleros de la ciudad ha justificado su demanda de que este tipo de establecimientos se agrupen en edificios para evitar las molestias que pueden generar a los vecinos, y ha calculado que apenas un 10 % de los 8.800 apartamentos turísticos legales están actualmente ubicados en un mismo bloque de edificios.