Agencia EFE

Ésta es la hoja de ruta de los autónomos para recuperar al sector

Limitación del régimen de estimación objetiva

Los autónomos proponen la limitación del sistema de módulos, de forma exclusiva, a aquellas actividades cuyos destinatarios directos sean consumidores finales y no otros empresarios profesionales.

Una medida de este tipo, señalan desde la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA), debe tomarse con un efecto ‘anuncio prolongado’, que permita a los contribuyentes adaptarse a la nueva situación.

Retenciones profesionales

Desde el colectivo de autónomos indican que carece de sentido que los profesionales personas físicas soporten el mismo tipo de retención, 21 por cien, cualquiera que sea el volumen de sus ingresos o rendimientos netos.

Las retenciones profesionales, hoy en el 21%, deben ser progresivas, “como lo son en las nóminas”.

En relación a esto, comentan que “no debería retenerse la misma cantidad a un autónomo que cobra 1.000€ como a otro que tiene unos ingresos de 6.000€”, o lo mismo a un asalariado mileurista como al que está en la base máxima.

Economía sumergida

Hay que recuperar deducciones familiares en renta por gasto de sanidad, educación, estética y rehabilitación, destacan desde ATA, para que los ciudadanos puedan contratar a profesionales que pagan sus impuestos y cotizaciones frente a los que están en economía sumergida.

El porcentaje de la reducción debería ser lo suficientemente elevado para que pagar sin IVA no resultara más rentable y evitar que esto supusiese un coste demasiado elevado, para lo cual habría que establecer para cada concepto una cuantía máxima deducible.

Deducciones para financiación de autónomos y emprendedores

La propuesta de los representantes de los autónomos, sería establecer una deducción similar a la existente para los Business Angels cuando invierten en una nueva sociedad. Así, también se aplicaría a la microfinanciación de un particular a un autónomo persona física, con control notarial y registro, con un límite de cuantía de 30.000€, para que el ahorro de particulares se convierta en una inversión productiva y de financiación en la economía real.

Sanciones incumplimiento Ley de Morosidad

Desde ATA reclaman al Gobierno sanciones para aquellas empresas y administraciones que no cumplan los plazos de pago a los proveedores, establecidos en la Ley de Morosidad, que son de 60 días para las empresas y de 30 para las administraciones.

Algunas de ellas, retrasan los pagos hasta 150 días, y, por tanto, “se están financiando a costa de los proveedores autónomos”, declara Lorenzo Amor, presidente de ATA. Sobre este asunto, opina que si el gobierno sancionara estas actuaciones, “no existirían empresas mal pagadoras”.

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