Las empresas morosas serán penalizadas en las licitaciones públicas

Era una vieja demanda de las pymes, fundamentalmente de las empresas acostumbradas a la subcontrata con entidades públicas. Ahora parece que la penalización a las empresas morosas en las licitaciones públicas se incorpora de pleno a estos procesos, sin embargo, con ciertos matices.

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El grupo más afectado ante esta penalización impulsada dentro de la nueva ley de contratos públicos es el de las grandes empresas, que acumulan una alta morosidad comercial en sus cuentas. Este colectivo, prácticamente de manera absoluta, ha hecho de los largos plazos en el pago a proveedores o subcontratas un modelo de actuación que, tal vez, a partir de ahora comience a desaparecer.

En este sentido, proveedores y subcontratas pueden llegar a cobrar incluso pasados los 200 días, cuando el plazo máximo legal para los pagos es de 60 días. Ahora, según la citada Ley De Contratos públicos, la morosidad va a repercutir de manera negativa a la hora de la licitación. Esto llevará a que una empresa que, por ejemplo, pague con retraso a los proveedores sea vista como una empresa con problemas de solvencia, lo cual a su vez se considera un elemento negativo en la licitación.

Otro de los elementos interesantes, y también reclamado por las pymes desde hace mucho tiempo, es señalar el periodo medio de pago de los contratistas como criterio computable en la valoración de la licitación. Dicho de otro modo, aquellas compañías que pagan sus gastos serán beneficiadas en las licitaciónes.

Estamos realmente ante las primeras grandes medidas impulsadas para, precisamente, frenar no sólo la morosidad de las grandes contratas públicas, sino agilizar los procesos en relación a las subcontratas y proveedores, algo que ha sido muy dañino para la pequeña y mediana empresa en los últimos ocho años.

Por otro lado, las grandes empresas deberán anunciar, tanto en sus cuentas como en sus páginas web, el plazo medio de pago, lo que permitirá a las pymes poder demandar intereses de demora, en el caso de que se produjera una demora a la hora de abonar la factura. El impacto de esta medida puede resultar muy significativa, ya que actualmente sólo el 30% de las pymes preguntan por el plazo medio de pago.

Fuera de este paquete de medidas ha quedado otra de las viejas aspiraciones de los proveedores y subcontratistas, nos referimos a la posibilidad de que sean directamente  las entidades públicas las que asuman los pagos, en caso de que el contratista incumpla su obligación.

En otro orden de cosas, Infocif.es ha desarrollado una herramienta que permite acceder en tiempo real a todas las nuevas licitaciones y contratos públicos. A través de este gestor, cualquier interesado podrá filtrar la información según sus intereses. 

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