Se suma al entorno macroeconómico

Cuatro de cada diez empresas españolas achacan su mala situación a la morosidad

La morosidad y la situación económica son los factores por las que cuatro de cada diez empresas españolas han obtenido resultados negativos en sus negocios durante 2014, recoge una encuesta de opinión efectuada por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Cuatro de cada diez empresas españolas ‘achacan’ su mala situación a la morosidad Imagen: Europa Press
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La demanda de sus productos, la regulación económica, los impuestos y la disponibilidad de financiación son otras de las causas que tuvieron un impacto desfavorable en la economía de empresas de todos los sectores y tamaños, informa Europa Press.



A estos factores se unen en menor medida los costes judiciales, los gastos de los ‘inputs’ o la eficiencia del mercado de trabajo, mientras los que menos afectaron fueron las infraestructuras, la adecuación del capital humano y la insuficiencia de equipamiento.



Sectores económicos



La industria, el comercio y el transporte y la hostelería se vieron afectados más por el entorno macroeconómico. Sin embargo, para la construcción y otros servicios, la morosidad fue el aspecto que causó más impacto durante el pasado ejercicio.



Tamaño de las empresas



 En cuanto al tamaño de las empresas:



-Para las más pequeñas con menos de 10 asalariados, son los impuestos los que más afectan de forma negativa a sus negocios.



-En las empresas que tienen entre 10 y 49 trabajadores o las que poseen de 50 a 199, la morosidad es el aspecto que supone el mayor impacto negativo.



-Para las grandes - entre 200 y 999 empleados- es el entorno macroeconómico.



Trámites administrativos



Los datos obtenidos en la encuesta del INE reflejan que una quinta parte de los empresarios consultados percibieron un aumento en los gastos dedicados a resolver asuntos con la Administración.



Los porcentajes indican que el 14,3% notó un aumento en los recursos empleados a resolver trámites con la administración local, el 16,8% con la administración autonómica y el 17,9% en la estatal.