En este sentido, desde la Federación de Organizaciones de Profesionales Autónomos y Emprendedores (OPA), reclaman a que “todas las CCAA y ayuntamientos cumplan los plazos de pago estipulados en la Ley de Morosidad, que establece el pago a proveedores en el plazo de 30 días”.

Según el último informe trimestral del Ministerio de Hacienda, el Estado es el único que paga en los 30 días legales a sus proveedores, “cosa que no sucede con otras administraciones, según los datos que manejamos”, indica el presidente de OPA.

En algunos casos, continúa Abiétar, la media de pago de algunos ayuntamientos y comunidades autónomas triplica o incluso cuadruplica los 30 días que establece la Ley de Morosidad.

Por este motivo, desde OPA “denunciamos que en la actualidad los plazos para que la administraciones públicas salden sus deudas con los autónomos, no se están cumpliendo». A raíz de esto, Abiétar remarca que “exigimos al Gobierno que no ceda ante las presiones de las autonomías y entidades municipales”.

De igual forma, reclama al Gobierno “que aplique, cuanto antes, las medidas incluidas en la Ley de Control de la Deuda Comercial en el sector público”, mediante la cual las administraciones públicas deberán pagar sus facturas a un máximo de 30 días, según dicta la directiva europea.