El promedio del sector público español es de 154 días, frente a los 58 de media en Europa

La Administración tarda en pagar el triple que la media europea

Los autónomos españoles tardan, de media, 154 días, es decir, más de cinco meses, en cobrar las facturas que tienen pendientes con las Administraciones Públicas, según un informe realizado por la Unión Europea donde se comparan los plazos de pago en los países europeos, y al que ha tenido acceso la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA. 

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Por el contrario, en los periodos medios de pago de las Administraciones Públicas en el conjunto de Europa se sitúa en 58 días, de donde podemos deducir que los autónomos españoles tardan en cobrar las facturas pendientes con la Administración el triple que la media de los autónomos europeos.

Si lo comparamos con el resto de países, únicamente las Administraciones de Grecia (155 días) e Italia (165 días) superan los plazos de pago de las Administraciones Españolas. Cifras muy alejadas de los 35 días en los que pagan las Administraciones de países como Alemania, Reino Unido (40 días), los 44 de Holanda o los 59 de Francia. Incluso las Administraciones de nuestro vecino Portugal tardan menos en hacer frente a las deudas con sus proveedores que las españolas, concretamente 129 días de media.

En cuanto a lo que se refiere a la morosidad privada, la media europea  en cuanto a los periodos medios de pago se sitúa en 47 días. Cifra que prácticamente se duplica en el caso de España, donde las transacciones entre empresas se hacen frente en una media de 83 días.

En esta ocasión España también se sitúa como uno de los países más morosos, sólo superada por Turquía, donde las empresas tardan en pagar a sus proveedores una media de 112 días, Italia (94 días) y Chipre (85 días). Esta vez, Portugal se sitúa  en los mismos días que España, cifrando su morosidad pública en 83 días.

Los países en los que las empresas menos tardan en pagar a sus proveedores son: Finlandia (26 días), Alemania, Dinamarca y Austria, ambas con una media de 34 días, Bosnia Herzegovina, Estonia, Islandia y Suecia, todas ellas en donde el periodo medio de pago entre empresas se sitúa en 35 días.

Con estos datos y teniendo en cuenta lo alejada que aún se encuentra España de cumplir con la Ley de Morosidad, que entró en vigor en julio de 2010, y que fija en 30 días los periodos de pago para las Administraciones Públicas (y que en España están en 154 días, lo que supone 5 veces más de lo que establece la Ley) y en 60 para el sector privado (y nos situamos en 83 días), se hace necesario tomar medidas con carácter urgente que pongan fin a esta situación.

“Los problemas siguen ahí y no se reducen. Los autónomos tienen que esperar cinco meses en cobrar los servicios que han prestado a una Administración. La morosidad continúa siendo una lacra que lastra la actividad de miles de autónomos en nuestro país y que en muchas ocasiones les conduce al cierre del negocio. No habrá una recuperación económica más rápida hasta que no pongamos fin a este problema”, apunta Lorenzo Amor, Presidente de ATA y Embajador de la CE para la vigilancia de la morosidad.

La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos pide que se pongan en marcha de forma inmediata las siguientes medidas para acabar con esta situación de morosidad:
 

  • Crear un cuerpo de inspección que vigile la morosidad.
     
  • Establecer un recargo del 20% inmediato para todas aquellas Administraciones que no paguen en los plazos que establece la Ley y la Directiva Europea de lucha contra la morosidad.
     
  • Establecer un régimen sancionador para todas aquellas administraciones y a las empresas que incumplan de forma reiterada y siempre y cuando responda a malas prácticas los plazos de pago con sus proveedores.
     
  • Habilitar un buzón de denuncias donde los proveedores puedan denunciar a quien incumple los plazos de pago y no hace frente a sus facturas en el tiempo que marca la Ley.
     
  • Que la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) asuma competencia al respecto, asumiendo los plazos de pago como un instrumento de competencia desleal.