El pasado 17 de octubre, el FROB envió a la Fiscalía Anticorrupción para su investigación 23 operaciones irregulares, 16 de Catalunya Banc (CX) y 7 de Novacaixagalicia (NCG), que en total habrían causado un perjuicio económico de unos 1.500 millones de euros.

Durante su comparecencia en la Comisión de Economía del Congreso, De Guindos ha adelantado que el importe de estas 42 operaciones, tras el análisis de los informes realizados para investigar posibles fraudes, eleva el quebranto económico a 2.600 millones de euros.

De lo que se trata a partir de ahora, ha indicado De Guindos, es de que no se repitan en el futuro «situaciones deleznables» como estas, y esto sólo será posible aplicando políticas de transparencia, ejerciendo un control riguroso y de respeto a la legalidad.

No es posible caer «en la autocomplacencia», ha asegurado, y es necesario seguir trabajando en esta línea.

Por eso, en los próximos meses el Gobierno va a trasponer una directiva comunitaria sobre resolución de entidades de crédito, medidas que en parte España ya incorporó en 2012, con objeto de que el contribuyente no asuma la totalidad del coste en futuras crisis bancarias.

De este modo, serán los accionistas y los acreedores los primeros en asumir perdidas.