Denuncia del Tribunal de Cuentas

El Fogasa podría estar pagando prestaciones fraudulentas

La falta de personal y de previsión, el aumento de las solicitudes y del número de expedientes sin resolver, así como la insuficiente dotación económica y la falta de control efectivo, pueden haber llevado a que el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) esté pagando ‘prestaciones fraudulentas’, sentencia el Tribunal de Cuentas.

El Fogasa podría estar pagando prestaciones fraudulentas Imagen: Europa Press
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Falta de previsión



Al inicio de 2014 había 221.384 expedientes sin resolver, lo que corresponde a un 67% más que un año antes y, un 295% por encima de la cifra de 2007, motivo por lo que el plazo medio de resolución de cada expediente, se fijó en 201, 52 días, informa Europa Press.



Las delegaciones que sufrieron un mayor ‘colapso’ fueron Barcelona (395), Madrid (379) y Valencia (354).



Esta situación no es debida, señala el Tribunal, a un hecho económico aislado y concreto “sino a un incremento de empresas que han venido desapareciendo durante varios ejercicios”. Por ello, atribuye al Fogasa “falta de previsión” y alega que “debería haber tomado medidas urgentes para paliar los efectos del progresivo y posible aumento de las solicitudes”.



Prestaciones fraudulentas



Cuando existe escaso personal puede producirse un “importante riesgo de extravío de documentación, así como defectos y demoras” en los expedientes, por lo que Ramón Álvarez de Miranda, presidente del organismo, teme que se estén pagando prestaciones de forma “fraudulenta”.



Insuficiente dotación económica



El Tribunal de Cuentas teme que Fogasa sea inviable económicamente, dado que ante la “insuficiente dotación” de los últimos ejercicios, la mayor parte de sus ingresos ha provenido de la venta de títulos de deuda pública.  



Proyecto Greta



Con el proyecto Greta, el Fogasa, inicio un camino para corregir la acumulación de expedientes en el tercer trimestre de 2013, para lo que realizó una encomienda de gestión a la empresa pública Tragsatec por casi 3,27 millones de euros.



El Tribunal, considera que no “no debió aceptarse el contrato desde el punto de vista de la legalidad vigente”, dado que las actividades de la empresa no es la especialización administrativa, sino la agrícola, ganadera o medioambiental”.