En concreto, este consorcio, constituido por Sacyr, Salini-Impregilo (Italia), Jan De Nul (Bélgica) y Constructora Urbana (CUSA) de Panamá se quejaba de la mala calidad del basalto, no correspondiente a los niveles señalados en los documentos de licitación aportados por la ACP. La Autoridad del Canal aseguró que el propio basalto del terreno serviría como fuente para elaborar el hormigón de la obra, una asunción que resultaría falsa.

En este sentido, el consorcio tuvo que asumir costes adicionales para buscar nuevas fuentes de este material, así como para ajustar la maquinaria utilizada en el proceso. Por este motivo, entre otros, el grupo constructor recibirá 234 millones de dólares y una extensión del contrato de seis meses.

Por su parte, el consorcio se ha manifestado satisfecho con esta decisión, que reconoce el fundamento de las reclamaciones. Ya en 2013 las constructoras pararon la obra tras reclamar 1.600 millones de dólares a la ACP en concepto de costes adicionales. En aquel momento se interrumpió este proyecto, adjudicado en 2009 por 3.200 millones de dólares.

Esta ampliación del Canal de Panamá pretende ampliar en un 40% la capacidad de tránsito de mercancías entre el Atlántico y el Pacífico, permitiendo el paso de buques de alto calado.

Por otro lado, la fecha de conclusión de la obra, que inicialmente se fijó para diciembre de 2015 y que posteriormente se pospuso a comienzos de 2016, se retrasará seis meses más, como establece la resolución emitida por la Autoridad del Canal de Panamá.