Alternativa: diversificar la financiación

Daniel Calleja: “El acceso al crédito es la mayor problemática que tienen todas las pymes”

“El acceso al crédito es la mayor problemática que tienen todas las pymes”. Así de contundente se mostró el director general de empresa e industria de la Comisión Europea, Daniel Calleja, cuando le preguntamos por la situación actual del acceso al crédito de las pequeñas y medianas empresas. 

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Calleja continuó su alegación afirmando que las pymes son el eslabón más débil de toda la cadena empresarial, y que por lo tanto son las que más están sufriendo la restricción al crédito, a pesar de que según el Directorio Central de Empresas (DIRCE) el 99,88% de las empresas existentes en España son pymes de entre 0 y 249 trabajadores.

Cuando le preguntamos por la solución a este problema, Calleja habló de tres líneas maestras a seguir.

En primer lugar, conseguir que los bancos presten dinero en condiciones favorables a las empresas. A este respecto, Calleja nos confirmo que la Unión Europea tiene programas de líneas de crédito con distintas instituciones como el ICO, CERSA o La Caixa que facilitan el crédito a las empresas

En segundo lugar, Mr pymes, como ya se le ha apodado, habló de diversificar la financiación
“En España la tradición de una pymes es ir al banco para que le den un crédito, mientras que en otros países, además de ir al banco, también se financian a través de capital riesgo, fondos de inversión, socios, business angels etcétera”

Calleja explicó que en España hay que desarrollar más los métodos alternativos de financiación, que no todo el crédito dependa de los bancos. En definitiva, buscar otras fuentes de financiación.

En último lugar, el director general de empresa e industria fue muy categórico al asegurar que las pymes no pueden ser las que financien a las administraciones públicas. Calleja se estaba refiriendo a la problemática de la morosidad, que según sus datos son el motivo de cierre de una de cada tres empresas.

El funcionario europeo incluso declaró que si las administraciones públicas pagaran dentro de plazo – recordemos que existe una directiva europea que obliga a las AAPP a pagar en un plazo máximo de 30 días – se inyectaría al sistema europeo 180.000 millones de euros.