El informe ‘La Economía sumergida en España’ elaborado por Alfredo Jiménez Fernández, director de Análisis y Estudios en Fundación de Estudios Financieros, y Ramiro Martínez-Pardo del Valle, director en Gomarq Consulting, recoge que la economía sumergida supone entre un 18 y un 20% del PIB español –según distintos estudios-.

Las cifras, ya de por sí terribles, se vuelven difícilmente aceptables si se comparan con nuestros vecinos europeos. Y es que países como Holanda, Francia y Gran Bretaña rondan el 10% del PIB y en Alemania un 13% de su producto interior bruto se maneja ‘en negro’

La actividad económica no declarada es un monstruo con implicaciones fiscales enormes, ya que detrae de las arcas públicas unos 20.000 millones de euros al año en impuestos, hasta el 2% del PIB. Técnicamente, la economía sumergida es aquella actividad remunerada que, siendo legal en cuanto a su naturaleza, no es declarada a las autoridades públicas y queda al margen de su control y fiscalización. En la práctica se traduce en empleos no declarados, facturas sin IVA y un sinfín de triquiñuelas para evitar tributar al fisco.

En torno al 8% del PIB es consecuencia directa del fraude en materia laboral lo que, según los autores del informe, supondría la creación de alrededor de un millón de puestos de trabajo legales en caso de aflorar la economía sumergida.

El informe no solo se queda en el análisis de datos negativos, además pone el acento en las medidas que España necesitaría implementar para acabar con el alto porcentaje actual de economía sumergida. Estos expertos inciden especialmente en la flexibilización de las regulaciones y la rebaja de la imposición como principales vías para reducir el tamaño de la economía no declarada.

Esta filosofía de trabajo se materializaría en materia laboral en una mejora de los incentivos para el trabajo declarado, la reducción de cargas sociales en la contratación, además de la detección y lucha contra el trabajo no declarado, la flexibilización de los procedimientos administrativos y las campañas de concienciación.

Por lo que respecta al ámbito fiscal, estos expertos apuestan por simplificar las figuras impositivas y ensanchar las bases impositivas, rebajando los tipos del IRPF y del Impuesto de Sociedades. Adicionalmente, los autores del informe proponen reorientar las actuaciones de la inspección tributaria hacia la investigación para descubrir los ingresos no declarados.

El estudio de Jiménez Fernández y Martínez-Pardo del Valle concluye que el reducido tamaño de las empresas que componen el tejido español también colabora en la generación de economía sumergida. Así, reclaman medidas que permitan aumentar la envergadura de las sociedades españolas para favorecer la competitividad del tejido industrial y reducir los niveles de la economía no declarada. El informe solicita también políticas que combatan la existencia de paraísos fiscales y aumenten la sensibilización fiscal de los ciudadanos.