En una entrevista, Terciado ha explicado que así se lo exigió al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la reunión que mantuvo junto a los líderes de la CEOE, y los sindicatos CCOO y UGT el pasado martes en La Moncloa.

En la actualidad, estas aportaciones (1.900 millones en 2013, de los que 100 fueron gestionados por organizaciones sindicales y patronales y el resto por CCAA, ayuntamientos y otras instituciones) se utilizan también para formación para la reinserción laboral.

Pero a juicio de Terciado, los fondos para formación que provienen de las aportaciones de empresas y empleados «deben utilizarse para mejorar la competitividad de las compañías, a través de la formación y recalificación de los trabajadores, porque surgen «nuevas tecnologías, maquinarias o procesos».

«Vamos a ser rígidos y a exigir al Gobierno que sea así y, si no, tendríamos que eliminar esa aportación a la Seguridad Social y buscar otras fórmulas de financiación del sistema de formación continua», por ejemplo, mediante un presupuesto que dedique cada empresa a tal fin.

Terciado ha reconocido que «no se puede dejar de lado en las circunstancias actuales a los desempleados», pero ha dejado claro que las ayudas para este colectivo «deben seguir un cauce diferente», es decir, que provengan de los Presupuestos Generales del Estado.

El presidente de Cepyme confía en que esta petición se tenga en cuenta en el nuevo modelo de formación, cuya negociación tripartita (Gobierno, patronal y sindicatos) está abierta y tendría que cerrarse antes del 31 de diciembre.

Por ello, los agentes sociales incluirán en el próximo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) una petición al Gobierno para que tenga en cuenta este asunto.

El acuerdo de Negociación Colectiva, que también se encuentra en la actualidad en proceso de conversaciones aunque con mejor ritmo, está llamado a ser un nuevo pacto entre patronal y sindicatos que «mejore la productividad, competitividad y exportaciones».

Pero también busca que los trabajadores mejoren sus rentas y capacidad de consumo. Por ello, Terciado ha reconocido que es necesaria una subida de salarios, pero que debe completarse con «una reducción de cargas impositivas, tanto directas como indirectas».

No obstante, la subida salarial que ha considerado posible el presidente de Cepyme se quedaría sólo «en aquellos sectores que están funcionando, están internacionalizados y tienen pujanza», por lo que el acuerdo de Negociación Colectiva no fijará una subida salarial general y delegará esta labor a cada convenio sectorial.

En relación con el plan de empleo y de protección acordado esta semana en La Moncloa, Terciado ha indicado que el Gobierno se ha fijado el objetivo de mejorar en diez puntos la cobertura de la prestación por desempleo, ya que en la actualidad sólo el 65 % de los parados está protegido.

«El paro de larga duración se ha instalado entre nosotros», ha manifestado Terciado, para añadir que el Gobierno, aunque sin medidas concretas, quiere abordar el problema de la falta de cobertura de parados de larga duración que no reciben prestación alguna.

Así, ha explicado que el Ejecutivo se ha comprometido a tener en octubre un mapa de la situación de los desempleados de larga duración, de las ayudas sociales que ofrece cada CCAA y su cuantía, de sus receptores y de la tipología de los parados y sus familias.

Terciado, que inicia ahora su segundo mandato al frente de Cepyme, se ha fijado como objetivos para los próximos 4 años, adaptar los estatutos de la organización a la Ley de Transparencia e incluir en él los conceptos retributivos del Comité Ejecutivo, así como limitar los mandatos y regular la representación de las organizaciones que la integran.