Apoyo del Gobierno al acceso de PYMES y autónomos a la contratación pública

El 28 de agosto pasado se aprobó por el Consejo de Ministros el Real Decreto que modifica el reglamento de la Ley de Contratos con las Administraciones Públicas, que pretende facilitar la entrada en la contratación pública de las pequeñas empresas y de los emprendedores.

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Como novedad, se elimina la obligación de clasificación en los contratos públicos relativos a servicios, aunque se podrá utilizar la clasificación por las empresas que así lo decidan, para el caso de contratos recurrentes o con características comunes.

Por otro lado, las categorías de clasificación en los contratos de servicios se han reducido de 72 a 29, y en los contratos de obras se modifica la clasificación que estaba obsoleta para adaptarla a la realidad actual.

La clasificación de las empresas contratistas es un sistema que se utiliza para acreditar la solvencia económica, financiera o técnica de las empresas.

Por lo tanto, con la modificación aprobada el pasado viernes, las empresas ya no necesitan una clasificación previa para presentarse como candidatos a un contrato de servicios con la Administración, lo que supone un ahorro de tiempo y de costes.

Por lo que respecta a la acreditación de solvencia, se ha ampliado de cinco a diez años el periodo de experiencia en trabajos anteriormente realizados y que pueden ser tenidos en cuenta cuando una empresa opta a un nuevo concurso de obras, y de tres a cinco años cuando se trata de un contrato de prestación de servicios.

Para el cómputo de obras se tendrán en cuenta también las obras de las filiales en el extranjero, que como consecuencia de la crisis económica se han visto obligadas a trabajar fuera de España.

Finalmente, otro elemento que permitirá mayor flexibilidad en la contratación pública es la exención de acreditar solvencia técnica, económica y financiera cuando el valor estimado de los contratos por obras no exceda de 80.000 euros y de 35.000 para los contratos de servicios.

La reforma en esta materia se inició con la Ley de apoyo a los emprendedores y con la Ley que impuso la factura electrónica, que elevaron el límite de la obligatoriedad de clasificación en los contratos de obras y eliminaron esa obligatoriedad en los contratos de servicios, pero ésta última eliminación necesitaba un desarrollo reglamentario que es el que se ha aprobado el viernes pasado por el Gobierno.

Consulta en tiempo real todas las licitaciones de las Administraciones Públicas.

 

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