La plataforma lamenta que haga esto «en lugar de incidir en los mecanismos de autorregulación propuestos por la industria que tan buenos resultados han dado a lo largo de los últimos años en otros sectores de igual complejidad».

Las empresas anunciantes dicen ser las «primeras interesadas» en que se respeten los derechos de propiedad intelectual, de los que son usuarios y titulares, y aseguran ser «muy conscientes» de las pérdidas que la piratería en internet puede ocasionar a sus creadores y a la Administración.

La reforma de Ley pretende atribuir a las empresas anunciantes responsabilidades de control previo sobre unos contenidos que, según manifiestan, deberían corresponder «exclusivamente» a la propia Administración como garante de la legalidad vigente, que establece «no se puede imponer a los prestadores de servicios de la sociedad de la información un deber de supervisión sobre los datos que transmiten».

Con la modificación aprobada, se introducen conceptos como «el servicio de intermediación» que no es aplicable a la función de la actividad publicitaria, según los anunciantes, además de establecerse sanciones «absolutamente injustificables» para ellos y medios de pago frente a la responsabilidad de los infractores.

La AEA lamenta que el trabajo «intenso» llevado a cabo junto con el Gobierno «no se haya traducido al final, en el proceso legislativo, en un texto alternativo, al haberse optado decididamente por un modelo sancionador, en algunos casos caótico y desproporcionado».

No obstante, declara que sigue «brindando» su colaboración a la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (SETSI) con el fin de alcanzar los «mejores acuerdos».