Según los datos que de forma trimestral maneja ATA, la Asociación de Trabajadores Autónomos, es posible determinar qué ayuntamientos son los que peor pagan sus deudas en todo el territorio español. Estos datos analizan los plazos medios de pago de todos aquellos ayuntamientos españoles de localidades con más de 40.000 habitantes.

En cabeza, y destacando de forma negativa, encontramos al ayuntamiento de la localidad de Jaén, que tarda una media de 587 días en liquidar sus facturas. De cerca le siguen los ayuntamientos de los municipios madrileños de Parla, con 15 meses para el pago de facturas, y de Alcorcón, al que le cuesta 13 meses de media saldar sus deudas.

La lista de los ayuntamientos más morosos de nuestro país se completa con Algeciras (369 días para pagar), Gandía (que paga en 294 días), Telde (con 252 días para el abono de facturas), Jérez de la Frontera (que paga de media en 234 días), El Puerto de Santa María (con 198 días para pagar), Rivas-Vaciamadrid (176 días) y, por último, Mérida (que abona sus facturas en un plazo medio de 175 días).

Lo que estipula la Ley

Según la Ley de Morosidad, la Administraciones Públicas deben abonar obligatoriamente sus facturas en un plazo máximo de 30 días. En el caso de las empresas, este plazo se amplía a los 60 días, y es un plazo independiente al tamaño que tenga la empresa.

Pero de poco sirven estas normas si, como bien denuncia Lorenzo Amor, presidente de ATA, no existe a día de hoy un régimen sancionador eficaz, por lo que los morosos no tienen que enfrentarse a ninguna multa, lo que acaba convirtiendo la ley en la que tiene más insumisos de entre todas las leyes que existen en nuestro país.

Amor reclama que se fijen de una vez por todas las sanciones oportunas que ayuden a bajar las cifras de morosidad, ya que de momento, se trata de una Ley que no cumple casi nadie, al menos desde las grandes empresas y las Administraciones Públicas, y a pesar de ello, todos los que se saltan la norma siguen sin tener que enfrentarse a ninguna consecuencia.

En especial, el presidente de ATA cree que lo adecuado sería que las grandes compañías y las Administraciones Públicas recibieran un castigo por incumplir esta norma, tal y como le sucede a cualquier ciudadano normal cuando se retrasa en el pago de sus impuestos, y luego es penalizado con recargos.

Amor no es tan estricto en el caso de las empresas que, por problemas puntuales, no pueden hacer frente a sus pagos a tiempo, pero solo de forma puntual, y no como norma.

La deuda en la actualidad

Según ATA, actualmente las Administraciones Públicas habrían acumulado con sus proveedores una deuda que alcanza en total unos 10.500 millones de euros. De toda esta deuda, alrededor de un 20% (unos 2.100 millones de euros) pertenecería a deudas contraídas con trabajadores autónomos. El resto del monto, habría sido contraído con empresas con asalariados y de diferentes tamaños.

La morosidad baja

A pesar de todo, desde ATA se ha detectado que, de forma general, los plazos de pago de las Administraciones Públicas a sus proveedores se han acortado un 5,5% durante el tercer trimestre de este año, y respecto al mismo periodo del año anterior. De esta forma, se habría pasado de un plazo medio de abono de facturas de 83 a 78 días.

Pero este cambio no es igual para todas las Administraciones, así en las Comunidades se ha disminuído la morosidad un 8,2%, los Ayuntamientos lo han hecho en un 1,5%, y por su parte, la Administración Central del Estado, lejos de rebajar sus cifras, ha pasado de pagar sus deudas en 44 días a hacerlo en 55 días, lo que supone un aumento de la morosidad del 25%.

Comunidades morosas y el pago entre empresas

Durante el tercer trimestre de 2016, la Comunidad Valenciana ha tardado de media 106 días en abonar sus deudas, y Baleares 102 días, convirtiéndose en las Comunidades más morosas del país. Por el contrario, el País Vasco, con 47 días para pagar, y Navarra, que lo hace en 49 días, se han situado como las Comunidades que más pronto liquidan sus deudas en territorio español.

El comportamiento de las grandes empresas también demuestra que éstas incumplen la Ley de Morosidad, aunque lo hacen con un número menor de días que las Administraciones Públicas. En este caso, las compañías tardan de media un plazo de 77 días para liquidar sus deudas, plazo que supone una reducción de 7 días respecto al mismo periodo del año pasado, una reducción total del plazo de un 8,7%.

Si atendemos al tamaño de las empresas, desde ATA afirman que tanto los autónomos como las empresas con menos de 50 empleados, son los únicos que cumplen con las normas de la Ley de Morosidad, y abonan sus facturas en un plazo medio que oscila entre los 45 y 56 días.

De esta forma, vemos cómo los más perjudicados por los retrasos en los pagos son, al mismo tiempo, los más dispuestos a pagar sus deudas y a hacerlo dentro de los plazos establecidos por la Ley. Por todo ello, es normal que tanto los trabajadores autónomos, como las asociaciones que los representan, reclamen medidas urgentes para que la situación cambie y la Ley de Morosidad se cumpla, o en su defecto, se puedan tomar las medidas necesarias para castigar el retraso en el abono de facturas.