Fianza de 800 millones contra cuatro consejeros

Unos 2.424 inversores minoristas denuncian a Bankia por su salida a Bolsa

Los inversores minoristas que obtuvieron acciones de Bankia en el lanzamiento de su Oferta Pública de venta (OPS) hace ahora casi tres años, reclaman unos 70 millones de euros a la firma bancaria, para lo cual han cursado 2.424 demandas.

Unos 2.424 inversores minoristas denuncian a Bankia por su salida a BolsaImagen: Europa Press
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Esta información ha sido proporcionada por Fernando Restoy, subgobernador del Banco de España y presidente del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), creado en España con motivo de la crisis financiera surgida en 2008 para contribuir a reforzar los recursos propios del sistema financiero español en los procesos de integración entre entidades, así como buscar medidas y planes de rescate.

Bankia, que lanzó la OPS en julio de 2011, ya ha resuelto 236 demandas. El 85% de ellas, es decir unas 200, han resultado contrarias a la entidad financiera, señala Europa Press.

Las denuncias, por las cuales Bankia tendrá que desembolsar alrededor de 780 millones de euros, han sido interpuestas en su totalidad por inversores minoritarios, no correspondiendo ninguna a los inversores institucionales.

El subgobernador del Banco de España ha precisado que “el volumen de reclamaciones y pleitos civiles de clientes relacionados con la Oferta Pública de venta ha aumentado en los últimos meses”.

Fianza de 800 millones

La Audiencia Nacional ha impuesto una fianza de 800 millones de euros a Bankia y a su matriz, BFA, cantidad que deberá ser satisfecha por “los cuatro consejeros”, a los que se les “reclamará la parte que, en su caso, pudiera corresponderles”, indica el subgobernador del Banco de España.

En cuanto a los peritos que presentaron los informes para esclarecer los hechos de la salida a Bolsa de Bankia, Fernando Restoy ha salido en su defensa afirmando que actuaron “con independencia y siguiendo estrictamente criterios técnicos”, aunque ha reconocido que “algunas conclusiones” sobre los estados contables de la entidad y el proceso de formación del precio de las acciones emitidas, “no estaban suficientemente apoyadas por evidencias”.