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“Aquellas empresas y administraciones que retrasen el pago de sus facturas se verán obligadas a pagar el interés de demora y si el conflicto llega al Tribunal de Luxemburgo, se exponen a multas diarias”, advirtió Calleja.  

 

La directiva europea de pago a proveedores establece para empresas y administraciones un plazo máximo de pago de 60 y 30 días respectivamente. En caso de no cumplirse estos tiempos, la directiva fija un interés del 8% para los morosos, además de la apertura de procedimientos legales contra los países que incumplan esta normativa, explicó el funcionario europeo. 

 

Por otro lado, un reciente “Estudio sobre Comportamiento de Pagos de las Empresas Españolas” realizado por Informa D&B fijó el plazo medio de retraso de pago de empresas en 19,30 días, mientras que el de las Administraciones Públicas está en 37,91 días.