¿Qué es un paraíso fiscal?

¿Qué es un paraíso fiscal? En los últimos meses hemos visto aparecer en los medios de comunicación múltiples casos en los cuales había una serie de palabras que se repetían: “paraíso fiscal”. 

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Primero de todo, es importante definir este concepto. Se trata de un país o zona en la cual el régimen fiscal (lo que se paga de impuestos) es muy favorable y atrayente para personas físicas y jurídicas que no viven allí. De esta forma, determinadas compañías o personajes que, en caso de tributar en su propio país, deberían pagar una alta cantidad de impuestos, se los ahorran yendo hacia allí. El problema radica en que realmente la actividad de no se practica en aquel país, sino en éstos otros donde la fiscalidad es más alta.

Es más: en estos países acostumbra a haber una doble fiscalidad: una que va dirigida a sus habitantes (que pagan unas tasas impositivas dentro de unos baremos parecidos a la de otros países) y una especial y específica para el capital extranjero. Se trata, pues de una doble discriminación: por un lado, la gente de allí debe sustentar toda la carga impositiva y, por el otro, se da unas facilidades a gente que ni tan siquiera genera riqueza ni actividad al país para, simplemente, atraer un capital que poca trascendencia tendrá después en el reparto de los servicios públicos, ya que la tasa que paga es muy reducida.

¿Qué perjuicios tienen para las economías los paraísos fiscales?

Evidentemente, que haya una serie de impuestos que no revierten en la economía de un determinado país causa graves perjuicios que acaban perjudicando no solamente a la inmensa mayoría de la población, sino también a la propia dinámica económica y empresarial del país.

  • Reduce la capacidad de inversión de la Administración: una de los puntos que una empresa estudia antes de decidir si invertir o entrar en un país son sus infraestructuras. Es imprescindible para todo lugar contar con las más avanzadas infraestructuras como aeropuertos conectados con las principales destinaciones, salida de mercancías en los puertos, líneas de tren… todo aquello relacionado con el transporte, el aprovisionamiento y la posibilidad de contar con las últimas tecnologías es extremadamente valorado. Para ello, es imprescindible contar con dinero público que financie todas estas inversiones. Es evidente que, a menos ingresos, menos posibilidades de sustentar estas infraestructuras.
  • Menor formación: una de las bases para conseguir una real igualdad de oportunidades y que todas las personas puedan desarrollar al máximo su rendimiento y posibilidades es que la formación sea de calidad. Por un lado, las propias empresas tiene que invertir en ello para, así, maximizar al máximo todos sus recursos y poder adaptarse con rapidez y eficacia a todos los cambios que se produzcan en el entorno. Por otro, el propio sector público debe de ser proveedor de una educación de calidad. Así, se asegura que todo capital humano puede desarrollarse. Como en el caso anterior, si no se disponen de los recursos para ello, es muy complicado ofrecer esta necesaria educación de calidad.
  • Ahuyentan inversión extranjera: por un lado, esta menor capacidad del Estado para hacer frente a inversiones provoca que las empresas decidan optar por otros lugares más preparados y mejor adaptados a las exigencias que se demandan. Por otro, fomenta una competencia que se puede considerar como desleal. Es decir, unos impuestos tan extremadamente bajos, especialmente para las rentas altas, atenta contra los principios de redistribución que imperan en la mayoría de economías. Por lo tanto, dinero que podría venir aquí decide “emigrar” a estos paraísos fiscales.
  • Impiden ofrecer unos servicios públicos de más calidad: en general, como hemos visto, el principal problema es que reduce la capacidad de la Administración Pública para poder invertir y financiar aquello que es necesario para la población. Por lo tanto, inversiones necesarias en servicios básicos como podría ser la sanidad, la educación, servicios sociales o la seguridad no pueden afrontarse con la fuerza que se desearía.

¿Es posible acabar con estos paraísos fiscales?

Es una pregunta de difícil respuesta. Se trata, básicamente, de una tarea que compete a las altas esferas políticas. Por ejemplo, hasta dentro de la misma Unión Europea existen países en los cuales una fiscalidad extremadamente baja permite a determinadas empresas instalarse a cambio de pagar un tipo impositivo extremadamente bajo. Un ejemplo lo encontramos con Irlanda. Este país, por ejemplo, tiene un tipo de 12,5% de Impuesto sobre Sociedades, cuando aquí este valor sube al 30%. Así se entiende, pues, como importantes empresas del sector tecnológico como Google o Apple tienen su sede fiscal en este país. Por lo tanto, para empezar, una posible solución sería una armonización fiscal en la Unión Europeo, hecho que, por desgracia, no parece que tenga que ocurrir a corto plazo. Igualmente, existirán muchos lugares fuera de territorio europeo con una fiscalidad muy reducida, por lo que sería necesaria una intervención a nivel global.

Paraíso fiscal y ética

Otro de los aspectos que se critica de aquellas personas que deciden marchar a un paraíso fiscal es que tienen un comportamiento nada ético y egoísta. Es en este aspecto donde cabría la posibilidad de hacer alguna cosa. Los países que se constituyen como paraísos fiscales acostumbran a tener una normativa tal que restringe el intercambio de información sobre aspectos fiscales con otros países. Evidentemente, intentan ser lo menos transparentes posibles porque, desde un punto de vista de imagen, el hecho de tener dinero en un paraíso fiscal puede ser duro y las consecuencias, muy negativas. Si hubiera una concienciación social especial sobre este aspecto y quien se descubriera que tiene este dinero en un paraíso tuviera una consecuencia muy negativa para su actividad, entonces seguramente el incentivo de ir hacia allí sería menor. En la misma línea, si se observa las informaciones aparecidas, por ejemplo, a raíz de los “Panama Papers” apenas es posible encontrar nadie de los países nórdicos. Allí existe una conciencia social muy importante al respecto y, por lo tanto, el coste de llevar a cabo estas prácticas sería catastrófico. 

 

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