Según datos de Hacienda, el periodo medio de pago a proveedores de los Ayuntamientos españoles es de más de 100 días en casi 400 municipios de nuestra geografía. Según el Boletín de Morosidad, que publica CEPYME y la Dirección General de Industria y de la Pequeña Empresa, una compañía del sector textil tarda, de media, 102 días en cobrar una factura por los trabajos realizados. Estos son sólo algunos ejemplos, aunque si acudimos a plazos medios generales, detectamos que, según las citadas fuentes, el periodo de pago medio en España registrado en el último trimestre de 2015 es de 81,4 días. Estamos hablando de tres semanas por encima del que marca la Ley, que establece un máximo de tiempo de 60 días para abonar las facturas entre empresas.

Retrasos en los pagos y el factoring

Este tipo de retrasos genera importantes inconvenientes a las empresas. El factoring consiste en adelantar el cobro de las facturas pendientes, cediendo los derechos de cobro a una entidad financiera, que adelantará ese dinero. Es decir, no importa que tu cliente te haya impuesto una fecha de vencimiento específica. Tampoco que se retrase, o de largas, hasta que finalmente decida pagar. A través del factoring, la empresa cobra en el mismo momento que emite la factura, de manera que sus planes de inversión, sus compras o cualquier otra necesidad no tiene por qué demorarse. Ganará en competitividad y ahorrar tiempo y dinero en la gestión de cobros.

Dificultad de acceso al crédito

Otro de los problemas específicos del sector empresarial español es la excesiva dependencia del crédito bancario a la hora de financiar sus proyectos. Más allá del ratio de aprobación de las solicitudes de préstamo, la empresa que quiere financiación debe pasar por unos estrictos procesos de evaluación de riesgo, que suelen alargarse en el tiempo.

Esto genera una indudable barrera para la toma de decisiones efectivas y rápidas. Si una empresa detecta una oportunidad de negocio y quiere obtener una ventaja competitiva, tendrá que invertir rápido. Si espera meses a que le concedan un crédito para la inversión, es posible que pierda dicha oportunidad, mermando sus posibilidades de generar negocio. O, al menos, las ralentiza considerablemente. Además de los costes financieros asociados y la suma de CIRBE.

En este sentido, el factoring se ejecuta con mucha más rapidez, es deducible como gasto de empresa, y no suma CIRBE. La clave reside en que, para llevarlo a cabo, no se evalúa a la empresa que solicita el adelanto. Además, es considerado un gasto empresarial, lo que le convierte en deducible. Por último, dejamos intactas otras opciones de financiación que podamos necesitar, en tanto en cuanto no sumamos CIRBE. Es decir, conseguimos liquidez y financiarnos sin necesidad de que los bancos detecten que estamos asumiendo riesgos crediticios. Por lo tanto, seremos una entidad limpia y solvente de cara a una concesión de otro tipo de financiación, como por ejemplo un crédito ICO.

Morosidad

El tercer gran problema que afecta de lleno a la pequeña y mediana empresa es la morosidad que termina en impagos. No es necesario profundizar en el grave daño que supone para una empresa que alguno de sus clientes no le abone las cantidades pendientes. Para este problema, las compañías pueden apostar por la modalidad de factoring sin recurso. En este caso, la entidad financiera encargada de adelantar el dinero será la nueva propietaria de los derechos de cobro. Esto incluye que, en el caso de que la factura no llegue a abonarse, será la entidad financiera la que deba asumir ese impago, e iniciar por su cuenta las acciones que crea oportunas para reclamar la deuda. La empresa que ejecutó el factoring sin recurso no se verá afectada por el impago, y continuará con el dinero que recibió al emitir su factura.

Se eliminan además costes añadidos de un hipotético proceso judicial, o cualquier otro procedimiento dirigido a recuperar la deuda.