En total, en estos años de crisis unos 500.000 negocios han echado el cierre al estar ahogados a causa de las facturas pendientes de cobro. Pero lejos de mejorar, la morosidad sigue muy presente, y hoy en día alrededor de 3 millones de pymes y autónomos siguen teniendo que hacer frente a los impagos de sus clientes.

La situación es difícil

En España no contamos con una ley de recobro extrajudicial de deudas, como sí cuentan en otros países de Europa, lo que significa que ante los impagos de los clientes los autónomos están absolutamente desprotegidos.

Toda iniciativa tomada para reducir la morosidad en nuestro país acaba en nada; como no contamos con la existencia de un régimen sancionador que se encargue de obligar a pagar a los deudores, todo intento de reducir la morosidad resulta inútil.

Las propias administraciones públicas son las primeras en saltarse la ley, ya que según diferentes informes (como el publicado por la Patronal de Pequeñas y Medianas Empresas) la mayor parte de comunidades autónomas paga con retrasos de hasta 50 días respecto al plazo legal establecido.

Según la ley, los plazos establecidos para el pago de facturas son de 30 días para el sector público, y en el caso del ámbito privado, el plazo está fijado en 60 días. En este último sector es en el que las grandes empresas (más de 1000 trabajadores) se sitúan como las que más se demoran en los pagos.

Qué pueden hacer pymes y autónomos

Ante una situación así hay que respirar hondo y tomárselo con calma. Como decíamos, al no existir ninguna ley de recobro extrajudicial ni ningún régimen sancionador, las opciones de cobrar las facturas impagadas son pocas y poco probables.

Una de las soluciones más adoptada hasta el momento por pymes y autónomos ha sido la de recurrir a empresas de recobro que son quienes se encargan de perseguir a las empresas morosas para que paguen sus deudas.

Pero lo cierto es que los métodos que han empleado estas empresas de recobro no han sido nada efectivos durante los últimos tiempos, por lo que muchas pymes y autónomos han dejado de invertir sus recursos económicos, ya de por sí escasos, en este tipo de servicios.

Otra opción para superar la morosidad, y no tener que echar el cierre, está en la contratación de un seguro de crédito. El problema aquí está en el gasto que conlleva contratar este tipo de seguro; su funcionamiento consiste en hacerse cargo de un alto porcentaje de la deuda, al tiempo que realiza un diagnóstico financiero del resto de posibles clientes para ayudar a pymes y autónomos a evitar futuras deudas.

Este tipo de diagnóstico también puede hacerse a través de diferentes herramientas online que ayudan a monitorizar el perfil moroso de las empresas, ayudando a identificarlas como posibles clientes a evitar y dejando a un lado los posibles impagos en el futuro.

Además de estas dos opciones, poco eficaces o demasiado costosas, nos quedan las acciones ante notario. Estas acciones nos permiten ejercer algo de presión sobre el moroso sin llegar a entrar en el complicado terreno judicial.

Se puede optar por el ‘requerimiento notarial de pago’, que supone nada más que un acta en la que el acreedor notifica al deudor el hecho de que existe un impago, al tiempo que le insta a abonar la deuda.

Por otro lado, tenemos el ‘procedimiento monitorio notarial’, que además de todo lo que hace el requerimiento notarial de pago, añade la potestad para poder interponer una demanda judicial ejecutiva, y con ello poder solicitar el embargo de los bienes del deudor.

Como podemos ver, las soluciones que tienen a su alcance pymes y autónomos ante los impagos están lejos de ser eficaces, rápidas o asequibles. Por lo que podemos afirmar, que aunque existen opciones para seguir reclamando ante los deudores, lo más adecuado sería poder contar cuanto antes con un órgano sancionador efectivo que ayude a evitar las posibles deudas.