Tras esta decisión, los administradores provisionales designados por el Banco de España abandonarán el proceso, del que de ahora en adelante se encargarán quienes nombre la administración concursal, informa Europa Press.

El magistrado ha nombrado dos administradores concursales. El primero, a propuesta del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), será Legal y Económico Administradores Concursales y, el segundo, la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, por ser un proceso de interés público.

El primer administrador deberá acreditar que posee un seguro de responsabilidad civil o aval, con el objeto de poder sufragar los daños que puedan derivarse del ejercicio de su actuación.

Los acreedores de Banco Madrid tendrán un mes de plazo desde que el concurso se publique en el BOE para que informen sobre la existencia de sus créditos, procedimiento que la administración concursal comunicará a cada uno ellos, de forma individualizada, además de la declaración del concurso.

Pánico de los clientes

La fuga de depósitos que se produjo entre los días 11 y 13 de marzo tras la intervención de Banco Madrid por parte del Banco de España, iniciada tras una investigación de su matriz andorrana Banca Privada de Andorra por posible blanqueo de capitales, llegó a los 124 millones de euros tras el pánico de los clientes ante la posibilidad de perder su dinero.

Además, tras el cierre de la jornada del 13 de marzo, la documentación recogida muestra que en la entidad había órdenes de los clientes para proceder a la retirada de depósitos por otros 52,3 millones de euros con el objeto de traspasar las cantidades a otras entidades.

Recurso por vía judicial

Empleados y clientes de Banco Madrid interpondrán un recurso ante el Ministerio de Economía por vía administrativa, al considerar que el Banco de España intervino el banco con celeridad y de manera ‘arbitraria’. En caso, de que esta actuación no tuviera éxito, acudirían al juzgado.

El abogado contratado por empleados, clientes e inversores señala que la intervención del Banco de España ha provocado que una entidad solvente y rentable haya caído en la insolvencia.