Además, ha considerado que esta medida no respeta la unidad de mercado al no equipararse al tratamiento aplicado en Navarra y País Vasco, según comunicado el Círculo de Empresarios.

En términos generales, la organización empresarial cree que la reforma fiscal aprobada por el Gobierno no ha respondido a las expectativas que generó y se ha quedado en una mera rebaja selectiva de impuestos, aunque ha reconocido que la bajada del IRPF ayudará a la recuperación económica al fomentar el consumo.

Como aspecto positivo de la reforma también ha señalado el que se reduzca uno de los desincentivos fiscales al crecimiento de las pymes al igualar el tipo del impuesto de sociedades en el 25 % para todas las empresas, independientemente de su tamaño.

También ve positivo que se equipare «someramente» el tratamiento tributario de las actividades realizadas por personas físicas y jurídicas, aunque la organización empresarial ha destacado que aún existe una diferencia de 20 puntos porcentuales entre los tipos del IRPF y el de sociedades.

En la parte negativa, ha incidido en que la rebaja de impuestos puede poner en riesgo el proceso de reducción del déficit público, puesto que no está acompañada de un recorte del gasto público.

Asimismo, ha lamentado que la reforma no sea ni sencilla ni clara ni transparente, ya que al mantenerse o crearse nuevas desgravaciones no se contribuye a mejorar la neutralidad y simplicidad del sistema tributario.

A juicio del Círculo de Empresarios, se sigue penalizando el trabajo como factor productivo, ya que se ha descartado una rebaja de las cotizaciones sociales, y tampoco se hace lo suficiente en la lucha contra el fraude fiscal.

En este sentido, rechaza que se vayan a publicar los datos de los morosos, «que pueden estar en esta situación por las conocidas dificultades de financiación», y que no se difunda la lista de defraudadores como se hace en otros países.

En su opinión, «merece una importante crítica» la «injustificada» ampliación de los plazos de la inspección, porque reduce el nivel de seguridad jurídica y mantiene las «desproporcionadas» obligaciones de información en cuestiones como la relativa a los activos situados en el extranjero.