El embotellador único todavía está a la espera de la resolución del Tribunal Supremo, pero por el momento la Sala de lo Social ha enviado una resolución en la que considera “irregular” la readmisión de los trabajadores en otros centros de trabajo de la compañía. Este hecho supone un cambio de residencia para ellos. Por tanto, obliga al embotellador único a pagarles los salarios de sustanciación.

Asimismo, Coca-Cola en España se hará cargo del pago de los salarios de 278 empleados que ya “rechazaron todas las ofertas de empleo planteadas por la compañía” durante el ERE y además no han aceptado el cambio de puesto en otra ciudad.

En la propuesta que ofrecía la compañía a sus empleados se incluían no solo mantener su mismo puesto de trabajo, sino que se les hacía entrega de un paquete de compensación de 25.000 euros además de otros 500 al mes para ayuda a la vivienda –durante dos años-.

En este sentido, Coca-Cola Iberian Partners recalca que el auto de la Audiencia Nacional “ha confirmado que los centros están cerrados”, y que esta decisión fue independiente de la ejecución. Además, subraya que el tribunal ha explicado que “no ha habido fraude de Ley ni dolo ni mala fe”.

La compañía ha valorado “positivamente” la decisión de la Audiencia Nacional, pero todavía faltará conocer la solución final que dictaminará próximamente el Tribunal Supremo.

Por último, la multinacional de bebidas refrescantes deja claro que seguirá esforzándose por aplicar su plan de desarrollo futuro, en el cual uno de sus objetivos es construir el mejor proyecto empresarial para todos sus trabajadores.